INFORME sobre las acciones contempladas y las acciones ejecutadas por la Asociación en relación a los SOBREVUELOS EN FUENTE DEL FRESNO.

1º.- Se han iniciado las siguientes acciones judiciales , además de numerosos escritos y quejas relacionados en ANEXO a esta carta y que se han numerado como documental por fechas para una mejor ilustración del tracto seguido por la Junta Gestora :

   a.- DENUNCIA diciembre de 2001 ANTE LA FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE , por la que se solicitaba

    ...“tenga por presentada la presente DENUNCIA CONTRA los responsables directos de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, y del Ente Público AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, se efectúen las diligencias averiguatorias correspondientes a los efectos de requerir a AENA y a la D.G.A.C. –Ministerio de Fomento- para que indique las personas responsables de realizar las labores de control, inspección y sanción, se les tome declaración y se siga adelante con las diligencias a los efectos del objeto de la presente denuncia y de los delitos denunciados, elevando la misma al Tribunal competente para que se lleven al efecto las presentes diligencias” .

En Enero de 2.003 , se volvieron a efectuar escrito de ALEGACIONES ante la misma FISCALIA , ante el PROYECTO presentado a la opinión pública del NUEVO BARAJAS , denunciando las RUTAS DE SALIDAS ,solicitando:

“ ... la ANULACIÓN Y CORRECIÓN DEL VIRAJE A LA IZQUIERDA que proyecta y mantiene el Ministerio en relación a la ampliación de BARAJAS “.

  b.- DENUNCIA EN JUNIO DE 2.002 ante el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN nº 1 de ALCOBENDAS , por DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE , del art. 325 del Código Penal asi como POR la NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS SANCIONADORAS EN INFRACCIÓN DE LEYES Y DISPOSICIONES NORMATIVAS . Admitidas al nº de DILIGENCIAS PREVIAS , 1034/02, en ella se solicita :

“...tenga por presentada la presente DENUNCIA CONTRA los responsables directos de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, y del Ente Público AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, se efectúen las diligencias averiguatorias correspondientes a los efectos de requerir a AENA y a la D.G.A.C. –Ministerio de Fomento- para que indique las personas responsables de realizar las labores de control, inspección y sanción, se les tome declaración y se siga adelante con las diligencias a los efectos del objeto de la presente denuncia y de los delitos denunciados” .

2º.- .En relación a las actuaciones propuestas , me parecen CORRECTAS ,TRAS la nueva Ley del Ruido que otorga facultades a los AYUNTAMIENTOS en materia de inspección y control , por lo que , LOS REQUERIMIENTO PREVIOS entiendo que se refieren a prueba para posteriores RECLAMACIONES PREVIAS ADMINISTRATIVAS .

Habrá que comprobar en el Ayuntamiento si existen las respectivas ORDENANZAS sobre esta materia y si se han elaborado los MAPAS DE RUIDO PLANOS DE la zona.

Para el ejercicio de dicha potestad por los Ente locales, una Ley estatal o de Comunidad Autónoma, en el ámbito de su respectiva competencia, ha de contener, en primer lugar, la regulación de las conductas típicas, bien de modo completo o bien señalando los criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales cada Ayuntamiento puede establecer tipos de infracciones; esto es dicha norma legal ha de contener los criterios que orienten y condicionen la valoración de cada Municipio a la hora de establecer los tipos de infracción. Y en segundo lugar, la ley reguladora de cada materia ha de señalar las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales; tampoco se exige el establecimiento de una clase específica de sanción para cada grupo de ilícitos, pero sí una relación de las posibles sanciones que cada Ordenanza Municipal puede predeterminar en función de la gravedad de los ilícitos administrativos que ella misma tipifica.

Estas reclamaciones , no son incompatibles con la acción penal , QUE TAMBIEN PUEDE SER AMPLIADA a los responsables de la ADMINISTRACIÓN LOCAL ,en dejación de sus funciones de inspección y control , si es que así no lo efectuaran . Entendiendo que en el tema de los AEROPUERTOS , la competencia es ESTATAL y no LOCAL .

Por lo que, y antes de las RECLAMACIONES , yo añadiría una DENUNCIA o REQUERIMIENTO ANTE EL AYUNTAMIENTO de SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES , para que inicie los EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN Y CONTROL correspondientes en relación al RUIDO en los sobrevuelos sobre la zona y contaminación acústica , denunciando hechos concretos de mediciones que según me ha indicado el Sr. Sayar , ya se han efectuado.

De acuerdo a la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA DE LA Ley 37 /2003 se podrán exigir Tasas por la prestación de servicios de inspección.

De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 20 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales podrán establecer tasas por la prestación de servicios de inspección que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Como vengo reiterando, el control del tráfico de aeronaves en todo el territorio nacional y espacial aéreo comporta la prestación de un servicio público que asume en nombre del Gobierno el Ente de Derecho Público “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea”, conocido comúnmente bajo el nombre de AENA, adscrito actualmente al Ministerio de Fomento, conjuntamente con la Dirección General de Aviación Civil –D.G.A.C.- de dicho Ministerio

Entre las funciones de AENA se encuentra el deber de garante respecto a la no producción de resultado lesivo derivados del tráfico de aeronaves para los derechos de los ciudadanos que viven en las inmediaciones de los Aeropuertos Españoles, y máxime cuando los núcleos urbanos próximos a dichos aeropuertos o a sus pistas existían anteriormente a su construcción, como ocurre en el presente caso

La Ley 4/1990 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 1.990 por la que se crea AENA regula entre las funciones generales que se le encomiendan, las siguientes (artículo 82):

a) “Ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y administración de los aeropuertos públicos de carácter civil, de los servicios afectos a los mismos, (...)

b) (...)

c) Ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y administración (...) de control de la circulación aérea.

d) Proyecto, ejecución, dirección y control de (...) control de la circulación aérea.

e) Propuesta de planificación de nuevas infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea, así como de modificaciones de la estructura del espacio aéreo.”

El Real Decreto 905/1.991 de 14 de junio por el que se aprueba el Estatuto del Ente Público AENA -modificado por el Real Decreto 1993/1996 de 6 de septiembre y Real Decreto 1711/1997 de 14 de noviembre-:

Establece en su artículo 4 que tiene personalidad jurídica propia e independiente del Estado, plena capacidad jurídica, pública y privada, y patrimonio propio. Asimismo, dicta que asumirá su gestión con autonomía de acutación que será todo lo que permita el interés público.

En cuanto a sus funciones y obligaciones, el mencionado Real Decreto prevé en su:

Artículo 1: “El Ente público AENA tendrá como misión (...) garantizar el tránsito aéreo con seguridad, (....)”.

Artículo 11: “En materia de navegación aérea, el Ente público ejercerá las funciones de:

a) Ordenar, dirección, coordinación, explotación, gestión administrativa de los servicios de tránsito aéreo (...)

b) Elaboración y aprobación de proyectos, ejecución, dirección, control de las inversiones, así como la explotación y conservación de la infraestructura, instalaciones (...) del sistema de navegación aérea”.

Artículo 12: El Ente público ejercerá las competencias en materia de Policía, en relación con las funciones públicas que tiene encomendadas, así como las potestades sancionadoras inherentes a las mismas, con excepción de las reservadas al Ministro del Departamento o al Consejo de Ministros por la Ley 48/1960 de 21 de julio de Navegación Aérea”.

La Orden de 22 de abril de 1980 por la que se regula la inspección del Estado en Aviación Civil establece en su Preámbulo que: El Ministerio de Transporte –hoy de Fomento- a través de la Subsecretaría de Aviación Civil –hoy D.G.A.C.- , tiene a su cargo la ordenación, inspección y control de los SERVICIOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES DE AVIACION CIVIL. En su Artículo 1 preceptúa con carácter general que el Estado realiza la inspección de los servicios públicos tanto en las operaciones de vuelo como en tierra, así como de las Empresas titulares de dichos servicios

El Artículo 2 matiza el contenido de la inspección en la materia, regulando que:

La Inspección del Estado comprende los siguientes cometidos:

a) Inspecciones de vuelo, de operaciones de tráfico aéreo

b) (...)

c) (...)

d) Cualesquiera otras inspecciones (...) y el adecuado ejercicio de los correspondientes derechos de tráfico aéreo

Por tanto, entre las funciones de Policía se encuentran las propias de la actual Dirección General de Aviación Civil creada y regulada a través del Real Decreto 1886/1996 de 2 de agosto por el que se aprueba la estructura orgánica del Ministerio de Fomento modificado por el Real Decreto 1390/1997 de 5 de septiembre y Real Decreto 389/1998 de 13 de marzo. Entre sus competencias figuran: la ordenación e inspección de la seguridad del transporte aéreo, y la regulación y supervisión de los sistemas de navegación.

Respecto a las obligaciones de AENA, el Artículo 14 del mencionado Real Decreto 905/1991 dice que deberá:

a) (...)

b) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas y bienes afectados por su servicio

c) Elaborar planes de emergencia y seguridad aeroportuaria y someterlos a la Administración para su aprobación”.

Por otra parte, en cuanto al incumplimiento de las SID´s por parte de las aeronaves, el tráfico aéreo se encuentra regulado bajo el régimen de concesiones y autorizaciones administrativas de forma que mediante concurso se reserva a las Empresas, públicas o privadas, la prestación de los servicios aéreos. No obstante, la Administración debe ejercer una inspección permanente de las concesiones y autorizaciones a fin de velar para que dichas empresas cumplan las condiciones fijadas en la navegación, de modo que su incumplimiento debe ser sancionado. En este sentido, las aeronaves de líneas regulares sólo podrán volar sobre las rutas establecidas en la autorización.

La Ley 48/1960, de 21 de julio sobre Navegación Aérea -modificada por leyes 53/1968 de 27 de julio, 113/1969 de 30 de diciembre y Ley Orgánica 1/1986-, establece en su artículo 8 que corresponde al Ministerio del Aire –hoy Ministerio de Fomento- todo lo relativo a navegación aérea.

En cuanto al tráfico aéreo, en su artículo 69, preceptúa que: “Al Ministerio del Aire –actualmente, el de Fomento, y en concreto la D.G.A.C.- corresponde conceder o autorizar la implantación e iniciación de servicios aéreos, así como ejercer la inspección necesaria para garantizar el cumplimiento de las condiciones de la concesión o autorización”.

Respecto al cumplimiento de las SID´s, el Artículo 72 dice: “Los servicios de líneas regulares sólo podrán volar sobre las rutas establecidas en la concesión. Para efectuar servicios extraordinarios se requerirá autorización expresa de la Dirección General de Aviación Civil”.

En cuanto a la responsabilidad, el artículo 89 de la Ley considera responsables a las compañías aéreas o los explotadores y operadores de las aeronaves. No obstante, según el artículo 90, el Ministerio de Fomento o Director General de Aviación Civil deben imponer las sanciones correspondientes a las mismas, tras la oportuna inspección y el procedimiento pre-establecido para el ejercicio de su potestad sancionadora.

Concluyendo, de acuerdo con la mencionada Ley y con sus competencias, el Ministerio de Fomento no ha ejercido el deber de controlar el respeto por parte de las aeronaves de la normativa en materia de ruidos y de sancionar por los reiterados incumplimientos de dicha normativa, a las compañías aéreas.

En relación al alcance jurídico de otros derechos y medidas , la DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA de la citada Ley . Aeropuertos y equipamientos vinculados al sistema de navegación y transporte aéreo.

“En el caso de los aeropuertos y demás equipamientos vinculados al sistema de navegación y transporte aéreo, las previsiones de esta Ley se entienden sin perjuicio de lo dispuesto por su regulación específica y, en especial, por la disposición adicional única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, en la redacción establecida por el artículo 63.4 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por lo que la competencia para la determinación de las servidumbres legales impuestas por razón de la navegación aérea, entre las que deben incluirse las acústicas, corresponderá a la Administración General del Estado a propuesta, en su caso, de la Administración competente sobre el aeropuerto.”

Estas leyes citadas preven que :” solo dará lugar a expropiación forzosa la imposición de servidumbres aeronáuticas , incluidas las acústicas , que impidan el ejercicio de los derechos patrimonializados “

El “ instituto expropiatorio “ QUE PUEDE SUPONER UNA SERVIDUMBRE ACUSTICA , comprende cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos ya que está causando un daño y habrá de estudiarse LOS DAÑOS que esta SERVIDUMBRE PUEDA CAUSAR .

CONCLUSIÓN : Me parece adecuadas las medidas solicitadas , siempre y cuando existan los MAPAS DE RUIDO , las ORDENANZAS locales correspondientes y , se estudie el PLAN DIRECTOR DE BARAJAS en relación a las SERVIDUMBRES AERONAUTICAS Y ACUSTICAS correspondientes en relación a la administración local

A la espera de su conformidad . Atentamente